Bahía Blanca fue arrasada por un temporal histórico en marzo. Calles tapadas por el agua, casas destruidas, barrios enteros bajo el barro. El Congreso, por una vez sin grieta, aprobó una ley de emergencia para asistir a los afectados: alivios fiscales, créditos blandos, suspensión de ejecuciones, y un fondo especial para reconstruir.
Pero el presidente Javier Milei la vetó por completo.
Lo hizo con el Decreto 424/2025, junto a Guillermo Francos y Patricia Bullrich. Argumentaron que ya existía un fondo de ayuda previo, que no había fuente de financiamiento clara y que algunos municipios incluidos eran “de imposible cumplimiento”. Así, la ley fue anulada.
Detrás del tecnicismo, el mensaje es claro: no hay lugar en el ajuste para quienes perdieron todo.
El veto no castiga a intendentes ni a partidos. Castiga a vecinos. A productores. A comerciantes que todavía sacan barro de sus locales. A familias que siguen esperando una señal del Estado.
Bahía Blanca no fue tendencia, no ocupa la agenda. Pero el agua sigue ahí, en los techos marcados y en la sensación de haber sido olvidados.
Y ahora también, en un decreto.
