Empresarios “arrepentidos” Continúan trabajando con el Estado

El caso de los #CuadernosGate es uno de los temas mas resonantes de la agenda en los últimos meses. Con la Justicia en acción aun falta por resolverse cuanto hay de cierto, cuanto de fantasía, cuanto de añejo y cuanto de actualidad en los casos de corrupción del país.

En este sentido uno de los ápices fundamentales de este caso, y acá quizás la diferencia mayor con lo sucedido en Brasil (NR En lo que se conoció como “Lava Jato”, fue una investigación judicial que dejó al desnudo una red de lavado de dinero que implicó a diversos políticos y grandes empresas, no solo en Brasil sino en toda Latinoamerica) es que algunos de los empresarios que admitieron haber pagado coimas para adjudicarse Obra Pública, son aun hoy contrastistas del Estado.

Al respecto, el Legislador porteño Leandro Santoro, desde el espacio #UnidadCiudadana ha promulgado un proyecto de ley para que se constituya una Comisión Especial Investigadora sobre empresas, representantes de empresas y/o empresarios que se hayan presentado ante la Justicia Nacional bajo las figuras de imputado colaborador o arrepentido, en los términos de la ley 27.304, por cuestiones relacionadas a pagos vinculados con la obra pública.

Con esto se prevee como objetivo principal el investigar la responsabilidad que les pueda caber al Jefe de Gobierno, Ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre todo lo concerniente a la utilización de fondos públicos para el otorgamiento irregular de obras públicas a través de licitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de hechos conexos que, sin ser objeto de reproche penal, fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su argumneto, Santoro, establece que “el ejemplo más claro y escandaloso en lo que respecta al “Caso de los Cuadernos” fue el del primo de actual presidente de la nación, Ángelo Calcaterra, quien se acogió a la figura del arrepentido o imputado colaborador en los términos de la ley 27.304, declarando frente al fiscal Carlos Stornelli. Dicho empresario se ha presentado ante justicia hace pocos días alegando que como ex accionista de la constructora IECSA pagó, bajo una supuesta extorsión, gasto de campañas a representantes de la anterior administración nacional”.

El legislador refiere incluso a otros empresarios que tambien se han acogido a la misma figura, “como Javier Sánchez Caballero, quien fuera ex CEO de IECSA; el empresario Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de la constructora Isolux, empresa de origen español; Héctor Zabaleta, ex Director de Administración de Techint , Armando Lorson (Grupo Albanesi) y Carlos Wagner (ECUSO S.A.). Ambos declararon ante el juez en calidad de “imputados colaboradores”.

Concluye entonces que “cabe suponer que estas empresas y/o empresarios tuvieron un accionar similar en sus contrataciones con el gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estaríamos en presencia de un modus operandi aplicado tanto en el ámbito nacional como obras que estas empresas encararon en el extranjero”.
Ante esto, Santoro, considera “que resulta imperioso investigar si nuestra ciudad ha sido víctima de dichas empresas y su afán de lucro, como así también si hubo responsabilidad de funcionarios, en cuanto pudiesen haber socavado las arcas públicas”.

El proyecto fue presentado y se espera entonces que el parlamento de la Ciudad de curso en las próximas semanas al tratado y que se disponga a votación final.