En la misma sesión en la que se aprobaron las denominadas Ley Justina y la Ley Brisa, la Cámara de Diputados dictaminó por unanimidad el proyecto de “régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana”.
Con 194 votos afirmativos, fue aprobada la iniciativa que crea un “régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”.
Sería el primer proyecto que busca promover la urbanización de las villas a nivel nacional. El proyecto se enfoca en un mecanismo en particular: el de la expropiación de la tierra y la entrega de títulos a los vecinos de los barrios.
Del total de las tierras en las que se ubican los barrios populares del país, el 61% pertenecen a particulares, el 7% a las provincias, y el 13% a los municipios.
El proyecto declara de “utilidad pública” a estas tierras, permitiendo al gobierno expropiarlas, para luego entregar títulos de propiedad a las familias que viven allí.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaría los valores de las tierras afectadas y el Poder Ejecutivo crearía un fideicomiso para financiar la expropiación de tierras. Contaría con aportes del Tesoro Nacional, fondos provistos por organismos internacionales, e ingresos por donaciones, entre otros.
“Regularizar el dominio significa que las personas que viven en estos barrios y que han construido sus casas van a acceder finalmente a la propiedad y a la parcela que ocupan”, dijo el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, durante la votación del proyecto; en clara referencia a los beneficios de la futura posible Ley.
Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales.
El proyecto fue impulsado desde la CTEP como forma de generar que los habitantes de barrios carenciados puedan finalmente ser titulares de los terrenos en donde viven. También contó con la participación de organizaciones sociales como TECHO y Cáritas Argentina.
Recordemos que no es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo. El gobierno de Carlos Menem emprendió un proyecto de regularización de dominios, así como también lo hizo el de Cristina Fernández de Kirchner en el 2014, obteniendo media sanción.
